La cooperación descentralizada en los últimos 20 años ha surgido de la nada y ha experimentado un fuerte crecimiento. Este hecho ha comportado el impulso de un modelo de cooperación que ha tenido que construirse a si mismo, en el cual a menudo ha primado más la acción que la reflexión.

Pensamos que agotada una primera etapa de crecimiento centrada en la acción, es necesario avanzar hacia una segunda etapa de reflexión y especialización que priorice los esfuerzos en evaluación y en la aplicación práctica de las lecciones aprendidas, asumiendo el reto de evaluar para transformar.

En esta etapa la cooperación descentralizada puede ganar interés porque puede desplegar todo su potencial y especificidad. Y es que el ámbito local y territorial (comunidad, municipio, comarca, departamento, comunidad autónoma, país) es el mejor escenario donde impulsar iniciativas de desarrollo, de participación y de gestión, donde a través de políticas públicas orientadas a promover la inclusión social y la equidad se impulsen nuevos modelos de desarrollo.

Porque es necesario decir con rotundidad que solo si somos capaces de impulsar una cooperación de calidad y a la vez comprometida con el desarrollo endógeno de los países del Sur podemos contribuir eficazmente en el acompañamiento de procesos transformadores.

Es por todas estas razones que un equipo de profesionales con larga experiencia en el mundo de la cooperación queremos aportar nuestros conocimientos teóricos y prácticos para ofrecer un servicio de asesoría y consultoría externa independiente, AVALUEM.

Pensamos que desde AVALUEM podemos evaluar programas de cooperación, hacer análisis de impacto, sistematizaciones, auditorías sociales… y otros instrumentos imprescindibles si se quiere disponer de elementos de análisis y reflexión para promover un debate crítico en el sector que impulse la mejora de la calidad de la cooperación descentralizada a través de la planificación estratégica local.

AVALUEM quier ser también un espacio inspirado en el compromiso ético no solo con los países del Sur sino, desde nuestro país, con el conjunto del planeta. Es necesario el impulso de nuevas prácticas solidarias, respetuosas con el entorno, porque estamos convencidos que solamente una globalización alternativa puede acabar con los desequilibrios en el mundo y que es necesario promover un desarrollo socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible.

Y es que en un mundo tan interdependiente como el actual, los problemas en la gobernabilidad mundial afectan al conjunto de los países. Así, podemos afirmar que la globalización hace que los bienes públicos, como son los derechos económicos, sociales y culturales, las problemáticas ambientales, la justicia internacional, la inclusión social, la paz... no pueden ser gestionados por cada país unilateralmente. Por esta razón, ante fenómenos como la inmigración, o del proceso creciente de exclusión social en nuestro país, no podemos parar el proceso de cooperación internacional, pero sí revisarlo para que la ayuda oficial al desarrollo se oriente a la erradicación de la pobreza y incida a mitigar los efectos que este proceso de globalización ocasiona.

Esta etapa de globalización comporta que el nivel de bienestar donde se sitúa cada uno de los bienes públicos globales, viene marcado por el nivel más bajo en la esfera internacional. Así, las fisuras en el derecho público internacional (el incumplimiento de los acuerdos de Kioto, los paraísos fiscales...) hunden el derecho público global. Un mundo con un creciente desequilibrio de derechos se hace ingobernable y, por eso, es necesario abordar prioritariamente el debate sobre los mecanismos de gestión de los bienes públicos globales, si realmente se quiere conseguir la consecución de los Objetivos del Milenio.

Desde AVALUEM abordamos el trabajo de análisis y de desarrollo desde una perspectiva multidisciplinar, porque creemos que es necesario trabajar desde una visión amplia para que la nueva globalización comporte una carta de ciudadanía que sea aplicable a todos los ciudadanos del mundo sin exclusiones y que los mecanismos para gestionarla sean democráticos.